A más de un año del estallido social, el director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), expone la disparidad en las investigaciones contra los efectivos de seguridad acusados de violaciones a los Derechos Humanos (DD. HH), con 153 querellas en la región y sin ningún resultado hasta el momento, mientras 4 manifestantes ya están cumpliendo condenas.
Estando en Londres, donde hizo su doctorado en DD. HH y colaboraba con organizaciones sociales, Sebastián Smart se enteró del concurso para la dirección regional del INDH Los Ríos. Pese a no tener vinculación con la región, postuló y fue seleccionado. De esta forma, este abogado de la Universidad Católica, con experiencias en trabajos sociales en Haití e Inglaterra, arribó a Valdivia en julio de 2019. “Como llegue desde Londres y estábamos en pleno invierno, el cambio no fue muy notorio,” recuerda.
¿Cómo fue el trabajo en esos meses, previo al estallido?
Hay un análisis muy interesante, porque la gran mayoría de acciones de protección de DD. HH estaba vinculadas a temas carcelarios, principalmente por tortura y apremios ilegítimos, por lo que las causas estaban destinadas contra Gendarmería.
A ustedes como Instituto de Derechos Humanos, les sorprendió el estallido o tenían informaciones que podía pasar algo así.
Las demandas del movimiento social (la crítica a las AFP, el agua como bien público, la mejora de la educación, etc.) las habíamos señalado en los informes anuales del INDH. De hecho, habíamos hablado de la necesidad de un cambio constitucional para consagrar estos derechos, como derechos humanos. Habíamos visto movilizaciones masivas y se habían visto represiones similares, por parte de Carabineros, especialmente en el contexto de la Araucanía; por ejemplo, el uso de químicos y perdigones.
¿Cómo fue el trabajo del INDH en la región en medio del estallido social?
Fue muy intenso. Fueron tres o cuatro meses donde acudimos continuamente a observar las manifestaciones, redactábamos informes, que los enviamos a nivel central. Íbamos a Comisaria, al Hospital y al Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolutividad (Sar) de Barrios Bajos, donde había más circulación; habitualmente hasta altas horas de la madrugada. Y a la mañana siguiente teníamos que generar las querellas. En ese tiempo, levantamos muchas denuncias. Somos una de las regiones que más acciones legales interpuso, más si hacemos la relación con la población. Esto habla del compromiso de nuestros funcionarios, porque somos tres abogados (dos de tiempo completo y un colaborador) y de las organizaciones que nos han apoyado como Observa Los Ríos, la coordinadora 18 de octubre y la Agrupación de Fotógrafos Independientes (AFI – Los Ríos).
¿Cuántas querellas se interpusieron?
158 querellas y tres amparos constitucionales. Los relatos de los afectados en tres de estas causas sindican a funcionarios de la PDI, en dos a miembros del Ejercito, y en las otras 153 a personal de Carabineros. De estas querellas 129 son por apremios ilegítimos y torturas.
¿Por qué crees que se dieron tantas vulneraciones a los DD. HH en la región?
Hay varios factores. Si sé que la ciudad de Valdivia es muy movilizada. Me imagino que esto responde a un contexto, quizás de abusos históricos, y también al hecho de ser una ciudad universitaria. También está el factor de Carabineros. No solamente acá, sino que, en todo el país, la fuerza pública requiere de mayor capacitación en DD. HH y adaptar sus protocolos.
¿Han visto algún cambio en Carabineros en este tiempo?
Hace unos días se presentó el informe de seguimiento del INDH, sobre las recomendaciones que se hicieron hace un año, y ha quedado demostrado que estamos más cerca de la impunidad que de la búsqueda de justicia. Solamente en un 1,5% de las querellas por violaciones a los DD. HH se han formalizado a los presuntos responsables. Esto se exacerba a nivel regional, porque de estas 158 querellas no hay ningún formalizado, somos una de las cuatro regiones donde no se registran imputados.
¿Por qué crees que se ha dado eso?
Hay varios factores. En muchas regiones se designaron fiscales exclusivos para investigar estas causas, pero acá no. El Estado chileno está obligado a darle prioridad a las investigaciones de DD. HH, por lo que se puede constituir una vulneración. También, el Servicio Médico Legal (SML) realiza los protocolos de Estambul, para observar si se han realizado vulneraciones a los DD. HH., los que han sido suspendidos por la pandemia, además que tiene muy poca capacidad para realizarlos. Por otro lado, no tenemos una Brigada de la PDI especializada en DD. HH, que si existe en otras regiones. Por eso, los informes de Investigaciones no son concluyentes, porque no saben cómo investigar el tema.
Hubo muchos episodios en los que manifestaciones pacíficas que fueron reprimidas por la policía, uno de los más significativos fue el del 10 de diciembre, precisamente, el Día Internacional de Los Derechos Humanos.
Recuerdo perfectamente ese acontecimiento. Por lo general, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos realizan actos. Ellos habían pedido a la Gobernación para realizar su ceremonia, algo completamente pacifico, pero los Carabineros lanzaron bombas lacrimógenas. La sra. Ida Sepúlveda, presidente de la agrupación, dijo que ni en la dictadura recibió una represión de este tipo. Carabineros explicó que querían disuadir otras manifestaciones alrededor de la plaza. Este hecho fue algo fue muy simbólico, porque se ejerció una represión que no se había visto desde la dictadura.
Últimamente, ha salido al tapete la situación de los presos de la revuelta ¿cómo es el tema en la región?
En un inicio hubo un número relativamente alto de presiones preventivas, que después bajó. Actualmente, no hay nadie en esa situación, pero si cuatro personas condenadas. Es curioso que en este caso si se logran encontrar las pruebas y formalizar rápidamente, versus lo que pasa con los agentes del orden. Por eso, se puede hacer el vínculo entre la persecución penal en cierto tipo de delitos versus las violaciones a los DD. HH donde no hay resultados.
Durante toda tu gestión, ¿cómo han sido las relaciones con las autoridades?
Hemos tenido una relación cordial. Cada vez que solicitamos información la entregan, pero no hemos realizado un trabajo muy mancomunado. En medio del estallido, en una reunión con el general de Carabineros, el director regional de la PDI y el gobernador, expusimos que había faltas a sus propios protocolos que no se estaban cumpliendo.
Sientes que las autoridades lo ven con desconfianza, como se dice que “son del otro lado”.
Puede ser. Quizás muchos carabineros, gendarmes y políticos nos ven como enemigos. Por lo general se tiende a asociar el interés y la protección de los DD. HH con la izquierda, lo que no corresponde, porque si hubiera un gobierno de izquierda y viola los DD. HH nosotros tenemos que actuar para cumplir nuestra misión sin importar el signo político del gobierno de turno.
Felipe Nesbet Montecinos, Periodista UACH y Magister Estudios Latinomericanos UNAM
