Las crisis sistémicas que hemos presenciado recientemente en Ancud, Máfil, Tiltil y Atacama exponen la peor faceta de nuestra clase política: el absoluto olvido o, en términos más coloquiales, hacer la vista gorda. La descentralización de la educación vía municipalización ha sido un auténtico desastre, un experimento único que, al traspasar la administración y autonomía a comunas que apenas pueden llegar a fin de mes. Lo que es aún peor es que, después de 40 años de haber iniciado este experimento, la promesa de una solución sigue siendo incumplida. Los Servicios Locales de Educación se presentan como la salvación aparente de la educación pública, con un enfoque en la gestión técnica, pero adolecen de la misma problemática que aqueja a los municipios: su financiamiento y medición.
A pesar de que pocos se atreven a mencionarlo, el problema es evidente: el sistema de financiamiento basado en la demanda (voucher) y el modelo de gestión gerencial de la educación han llegado a su límite. No basta con cambiar al ente que sostiene el sistema o fortalecerlo con supuestos fundamentos tecnocráticos. El verdadero dilema es que un Estado que no da prioridad a la institucionalidad pública y no establece la educación como un derecho social nos condena al subdesarrollo. Países como Inglaterra, Estados Unidos, España, Francia y la mayoría de las naciones occidentales han comprendido que la educación pública es la base de la igualdad de oportunidades, el desarrollo y el progreso nacional, así como la interacción y cohesión de la diversidad social del país, entre otros elementos.
Mientras que en la mayoría de los países de la OCDE más del 90% de la educación está bajo control público, en Chile, el sector municipal y SLEP solo representa el 33%. Podemos seguir engañándonos sobre la libertad de elección de las familias, la competencia libre, el financiamiento por estudiante y la igualdad entre la educación pública y privada, pero mientras lo hagamos, no estaremos reconociendo el fracaso inherente al modelo mercantil de la educación.
Es imperativo que se alcance un amplio consenso nacional, sin prejuicios ideológicos de mercado, y que se proteja, fomente y fortalezca un sistema público de educación con financiamiento integral y alineado con el progreso del país. Solo así podremos superar la anomalía que se repite en el sistema educativo chileno. Ha llegado el momento de que el parlamento y el gobierno asuman su responsabilidad con el futuro de la nación, no hay más tiempo, en el 2025 la provincia de Valdivia será traspasada al Servicio Local de Educación, pero no esperemos resultados diferentes haciendo lo mismo.
