Casi de consenso nacional es el hecho de que las políticas sociales emanadas en contexto de pandemia han sido insuficientes y muy mal implementadas, además que ha emergido un criterio extremadamente hiperfocalizado, burocrático y de difícil acceso.
Uno de los aspectos más cuestionados es el hecho de que la gran mayoría de los beneficios se otorgan previa postulación, cuando se dispone de gran parte de la información, a través de los diferentes servicios del Estado. La alfabetización digital no es transversal y, por ende, expone aún más a la población, recayendo en ella toda la presión, para justificar la admisibilidad del beneficio sobre la base actualizada de datos, en un contexto de desesperación frente a los precarios medios de los que se dispone en el escenario de la actual crisis sanitaria. Todo lo anterior, ha significado una mínima cantidad de familias beneficiarias, y si bien ha aumentado el porcentaje de hogares que se encuentran apelando a los beneficios, los cuales para el 2021, además vienen asociados a las fases del plan Paso a Paso, en el que se encuentre su comuna.
Aparte de lo precedente aún miles de personas continúan bregando por actualizar su registro social de hogares, lo que solamente es atingente cuando deben modificarse los integrantes del grupo familiar. Esta situación ha desembocado en que una parte importante de población, que no ha podido efectuar el trámite de manera correcta a través de la plataforma, debe recurrir a otras instancias presenciales, en un contexto en el que los servicios públicos y municipalidades se encuentran en modalidad de trabajo remoto o en cuarentena.
A esto se agrega el monto entregado en las diversas instancias, el que pasa exclusivamente por una decisión política y no considera en absoluto los actuales instrumentos de caracterización socio-económicas que emanan del Ministerio de Desarrollo Social. Desde nuestro punto de vista, es una tremenda irresponsabilidad para la gente que hoy están pasando necesidades, con miles de personas que se ven obligados a elegir entre su salud o su vida.
En este sentido, como directiva del Colegio de trabajadoras y trabajadores sociales de la Provincia de Valdivia, destacamos el trabajo invisibilizado de algunos los funcionarios públicos y municipales, en su gran mayoría trabajadoras y trabajadores sociales, que se desempeñan en las áreas relacionadas a información, actualización de Registro Social de Hogares (RHS). Nos referimos a los Departamentos sociales de las municipalidades, el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto de Previsión Social, ya que la focalización de beneficios se ha centralizado bajo un sistema nacional, sin dejar espacio a la capacidad técnica de los profesionales para avanzar en una mejor entrega de los beneficios establecidos por ley.
Esperamos que a futuro se consideren los ajustes sociales y políticos necesarios y que vayan en beneficio de las personas que requieren la ayuda económica, midiendo efectivamente la situación socioeconómica de las familias y haciendo eficiente la protección social con enfoque territorial y con la participación de profesionales que respondan a este conocimiento.
Directiva Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales, Provincia de Valdivia.
Camilo Pilquiman Ramírez: Presidente
Violeta Devia Villavicencio: Secretaria
Belén Villanueva Arismendi: Tesorera
Luis Pinto Álvarez: Primer Director.
