Tan distintos, tan iguales: derechos de la diversidad sexual y de género

Los derechos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex, asexuales, no binarias y otres (comunidad LGBTIAQ+) son Derechos Humanos. En este sentido, no son tan distintos de los derechos de las demás personas, no son exclusivos de quienes se identifican como parte de la comunidad de la Diversidad Sexual y de Género y, como otros, que en Chile se encuentran solo mediana o nulamente garantizados. Por esto, a continuación, presentaré una serie de argumentos que ayudan a comprender tanto la exigencia como la transversalidad de estos derechos, que son condiciones que hacen necesaria nuestra participación en la Convención Constitucional.

En primer lugar, quisiera recordar que todos los derechos tienen la categoría de humanos, porque se encuentran o se desprenden de la Declaración Universal de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En esta línea y con el objetivo de proteger los derechos de las personas LGBTIAQ+, el año 2006 una comisión de la ONU redactó los Principios de Yogyakarta. Dichos principios son una reiteración de los Derechos Humanos universales, tales como el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. No obstante, señalan también que, para su correcta garantía respecto de las personas de la diversidad sexual y de género, se precisan disposiciones especiales contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. La razón de esta especificación fue que los atropellos a los derechos de nuestra comunidad continúan sucediendo en cifras alarmantes a lo largo del mundo y Chile no es la excepción.

Nuestro Estado ha sido hallado culpable dos veces de violaciones a los derechos de las personas de la diversidad sexual y de género por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero sucedió el caso de la Jueza Karen Atala entre los años 2004 y 2012, donde dicha instancia afirmó que el Estado de Chile violó por discriminación los derechos de la vida privada y familiar y el derecho a la imparcialidad judicial de Atala, al separarla de sus hijas por su orientación sexual. El segundo caso fue el que condujo el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (MOVILH) por la inexistencia del matrimonio para las personas homosexuales, que en 2016 terminó por acuerdo amistoso entre las partes y con la Corte Interamericana declarando que “todos los seres humanos tienen derecho a casarse y a disfrutar de los derechos que implica el matrimonio”. Ambos casos han sentado precedentes ante la jurisdicción internacional americana y califican a nuestro país como un Estado en el que se violan los derechos de las personas LGBTIAQ+.

En adición, si bien en nuestro país la homosexualidad se encuentra despenalizada y las personas trans cuentan desde hace poco con un proceso administrativo para el ajuste de su nombre y su género registrales, otras medidas contra la discriminación y la desigualdad que vive nuestra comunidad son escasas. Por ejemplo, no existe una institución responsable de la prevención y la investigación de la discriminación, tampoco una medida intersectorial en la materia. No se reconoce el derecho a la familia de la mayoría de nosotres, al no existir el derecho a la adopción por parte de la pareja de la madre biológica ni de una pareja homosexual en conjunto. El derecho a la educación se ve constantemente obstruido por el acoso escolar. Por otra parte, las medidas para la inclusión laboral trans, subgrupo que tiene hasta un 80% de cesantía, resuenan en el vacío. Algo también muy preocupante es que las agresiones y los crímenes de odio suceden cada semana según los informes de Derechos Humanos y las denuncias que le llegan a Valdiversa. Nuestra motivación para participar de este momento histórico es precisamente que la actual Constitución y las leyes impuestas en dictadura hacen muy poco por prevenir las situaciones descritas anteriormente.

Luego, dado que los derechos de las personas de la Diversidad Sexual y de Género son Derechos Humanos comunes a todas las personas, nuestras demandas son también transversales. Como he explicado, no somos tan distintos/as de las demás personas y nuestra comunidad se encuentra probablemente en todos lados. Estamos presentes en todas las familias, en todas las salas de clases y en todos los trabajos. Somos estudiantes, usuarias y usuarios de salud, trabajadores/as y personas pensionadas como cualquier otra. Cualquiera puede ser de la diversidad sexual y de género, inclusive por momentos de su vida. Por eso nuestro movimiento tiene un listado de demandas que se corresponden casi totalmente con las del resto de la ciudadanía: debida garantía de los Derechos Humanos; educación pública, de calidad y universal con inclusión de la diversidad sexual y de género; salud digna para todas las personas incluyéndonos/as; trabajo digno y libertad sindical; seguridad social suficiente, y más y mejor democracia, entre otras. Estas demandas son transversales y las exigimos para todas y todos sin excepción.

También creemos que la incorporación de medidas constitucionales contra la discriminación será posible solo mediante la representación directa de las personas LGBTIAQ+. Lo anterior se sustenta en que la experiencia nos ha enseñado que sólo nosotres defendemos nuestros derechos. Hasta ahora la participación e incidencia de organizaciones de nuestra comunidad en la proposición legislativa se produce más bien por canales extraoficiales -el lobby – y muchas veces la oportunidad de ser escuchadas y escuchados es casi una súplica. Tampoco hemos tenido representantes legislativos pertenecientes -abiertamente al menos- a la diversidad sexual y de género, y la representatividad en Chile en general queda en una abstracción populista. Muy difícilmente se puede representar algo que no se es. En nuestro caso, nosotres solidarizamos con las luchas contra la pobreza y en favor de la igualdad social, con las personas indígenas, con aquellas que viven con discapacidad y con las migrantes, ya que muchas y muchos de nosotros igualmente somos de esos grupos sociales y participamos también de los movimientos respectivos. No vamos a representar algo que no somos.

En conclusión, como he demostrado, los derechos de la diversidad sexual y de género son humanos y nuestras demandas son transversales. Tienen un matiz que solo favorece las libertades, la democracia y la igualdad. Somos más iguales a todas las demás personas que el prejuicio hace pensar. Tenemos ciertas diferencias identitarias, comportamentales y afectivas, sí, pero estas no niegan que seamos personas iguales en dignidad y derechos; tampoco le negamos estos últimos a nadie. Por eso exigimos el derecho a ser diferentes, pero a ser tratados como iguales y que esa igualdad garantice una vida digna para todas las personas sin excepción. Este es mi sueño, por el que quiero que me den la oportunidad de representar y consagrar directamente en la nueva Constitución.

Felipe Pino, Antropólogo, Diplomado en DDHH y Activista de Valdiversa.